Esta ley está destinada a cualquier persona física, ya sea trabajador por cuenta ajena o autónomo, que no pueda afrontar sus deudas y cumpla con estas condiciones:

• Demostrar buena fe en sus actuaciones.
• Estar en insolvencia actual o inminente.
• Tener al menos dos acreedores diferentes.
• No haber sido condenado por delitos económicos.

Plazos para volver a acogerse:

• 2 años desde una exoneración previa mediante plan de pagos.
• 5 años si la resolución anterior incluyó liquidación de bienes.

• Fin a las deudas: una vez canceladas, los acreedores no podrán reclamarlas.
• Recuperación económica: salida de ficheros de morosidad y acceso de nuevo a financiación y servicios.
• Protección jurídica: se detienen ejecuciones, embargos y la acumulación de intereses.

• Sin bienes embargables: proceso más rápido y directo.
• Con bienes embargables: puede ser necesaria la liquidación salvo excepciones, como salarios inembargables o bienes cuyo valor de mercado sea inferior a la deuda asociada.
• Plan de pagos: posibilidad de saldar en hasta 5 años sin liquidar el patrimonio, si existen ingresos suficientes.

• Ya no es necesario el acuerdo extrajudicial de pagos (menos tiempo y costes).
• Duración máxima orientativa del procedimiento: 12 meses.
• Se amplían los tipos de deudas exonerables.

Es un buen momento para aprovechar estas mejoras y recuperar tu tranquilidad económica.

• Sanciones administrativas graves y multas penales.
• Pensiones de alimentos.
• Salarios impagados de los últimos 60 días previos al concurso.
• Parte de los créditos públicos (posible exoneración hasta 10.000 € con Hacienda y 10.000 € con Seguridad Social bajo condiciones).
• Costas judiciales vinculadas a la exoneración.
• Deudas garantizadas con hipoteca u otros derechos reales (sobre el bien gravado).

Depende del nivel de deuda, del valor de mercado frente a la carga hipotecaria y de tu plan de pagos. En muchos casos puede evitarse la liquidación si el valor del inmueble es inferior a la deuda o el plan es viable.